DELITOS ELECTORALES

"Ojo a la trashumancia y al fraude electoral": CNE

Juan Pablo Cepero, presidente del Consejo Nacional Electoral

ABC ELECTORALEl presidente del CNE, Juan Pablo Cepero, alertó a la ciudadanía de cuáles son los delitos electorales y sus sanciones. También informó cuáles son las reglas de juego para las campañas.

Miércoles 23 Febrero 2011

Las campañas para los mandatos y corporaciones locales arrancaron esta semana. El Consejo Nacional Electoral aprobó las resoluciones en las que establece los topes de dinero para la financiación de las campañas. Además, desde el pasado 22 de febrero comenzó la inscripción de cédulas, proceso que finalizará el 22 de mayo.
 
El magistrado Juan Pablo Cepero, presidente del CNE, alertó a las personas que van a inscribir sus cédulas que las consecuencias de la venta y compra de votos puede terminar en la cárcel.
 
"Quienes constriñen a los electores o quienes venden su voto incurren en delitos que tienen consecuencias penales. La recomendación a la ciudadanía es que no se deje engañar", dijo.
 
Para la persona que induce a otro a inscribir su cédula en un lugar distinto al de su residencia (lo que se conoce como trashumancia), incurre en el delito de "fraude en la inscripción", que está contemplado en el artículo 389 del Código Penal. La pena es entre cuatro y nueve años de cárcel.
 
Pero la responsabilidad no sólo es para quienes inducen a los demás sino también para quienes "venden" su voto y van a inscribirse en otro municipio distinto al de su residencia. Según el artículo 442 de la misma ley, quien "en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis a doce años".
 
Cepero explicó que la inscripción de cédula se hace bajo gravedad de juramento, por lo tanto, ese artículo es aplicable en caso de que la gente se movilice a votar en un lugar distinto, uno de los delitos que más se cometen en las elecciones locales.
 
Pero también es imputable otro delito: el de fraude procesal, que consiste en hacer incurrir a una autoridad en error, que también contempla entre seis y doce años de prisión.
 
"El proceso de inscripción es el primer paso para la venta del voto. De ahí se desprenden los demás delitos", anotó Cepero.
 
El magistrado explicó que el CNE va a hacer un trabajo exhaustivo de revisión de las inscripciones. Indicó cómo será:
 
Un mes antes de que terminen las inscripciones de las cédulas y hasta 15 días después, los registradores locales deben poner a disposición de la ciudadanía la información de las inscripciones, para que las personas puedan hacer sus respectivas denuncias, en caso de irregularidades.
 
A partir de ese momento se podrá empezar a identificar la posible trashumancia. Después, el CNE hará un cruce de información con las bases de datos, el censo poblacional, con el objeto de identificar si hay posibles cambios de residencia.
 
"Pondremos especial atención en los sitios donde se ha dado la trashumancia anteriormente y en donde se hagan denuncias. Las denuncias de los ciudadanos son muy puntuales, porque dan cuenta de la cantidad de cédulas y de quiénes son los probables responsables", explicó Cepero.
 
Incluso, el CNE contempla la posibilidad de enviar funcionarios a verificar puerta a puerta la residencia de algunos de los inscritos. Este proceso, hace cuatro años, resultó en la anulación de casi 400.000 inscripciones. Esas cédulas equivalen a casi el 3 por ciento de las personas que votan.

Así, aunque a esas personas no se les negó el derecho a votar, no pudieron hacerlo en dónde hicieron la última inscripción.
 
Cepero pidió a la Fiscalía acompañar este proceso e indicó que en ocasiones anteriores el CNE ha compulsado copias del fraude y hasta ahora no han sido notificados de sanciones penales a los infractores.
 
La propaganda electoral

El CNE también dio a conocer que ya está recibiendo denuncias de propaganda electoral cuando según la ley todavía está prohibida. Aunque las sanciones por violar la "Ley de Garantías" son multas, es decir no son penales, el CNE pidió a la Policía que recoja esa propaganda y la guarde como evidencia para posibles procesos judiciales.
 
La propaganda electoral para las consultas de los partidos sólo puede comenzar a publicarse a partir del 29 de febrero, pero esa propaganda es para una "precandidatura". La fecha en la que un candidato puede comenzar a utilizar propaganda para las elecciones es el 30 de julio.

Cepero advirtió que si se demuestra que un candidato utilizó propaganda fuera del tiempo reglamentario, pero no la declaró en la campaña, y además esa financiación supera los topes, "las personas pueden perder su investidura. Eso es la muerte política".

Los topes de financiación

Esta semana se conoció también el tope de dinero que pueden utilizar las campañas electorales, que está definido por el CNE según el tamaño de los censos electorales locales.

Así por ejemplo, en Bogotá los candidatos que aspiren a ser elegidos alcaldes podrán invertir hasta 1.646'000.000 de pesos. En los municipios o distritos cuyo censo electoral es superior a 500.000 electores la suma es de 1.318'000.000 pesos. Las resoluciones son la 0078 de 2011, para el caso de las candidaturas a las alcaldías y gobernaciones, y la 0079 para el caso de las corporaciones (concejos y asambleas).

http://www.semana.com/noticias-nacion/ojo-trashumancia-fraude-electoral-cne/152291.aspx
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Dalia Rosa Delgado Burbano
Tutora Local Pasto - Nariño

Proyecto: Democracia, Ciudadanía y Liderazgo Político
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-
Dirección:Carrera 34A No 20-56, Barrio La Rivera
Celular: 3174367000 - 3104948074
Correo: dalia.delgado@pnud.org.co
Pasto Nariño

Gobierno plantea estrategia electoral contra las Bacrim

Gobierno plantea estrategia electoral contra las Bacrim

http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1426433

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, anunció una estrategia integral para evitar la influencia electoral de las bandas criminales en los comicios de octubre próximo.

Sostuvo que ya hay un mapa de riesgo y para ello, la estrategia debe involucrar no solo el ministro del interior, sino la registraduría, el consejo electoral, la fuerza pública en general, pero ante todo con un compromiso de los partidos políticos.

Dijo que conocidos esos riesgos los partidos deben comprometerse a no avalar candidatos que puedan tener influencias con esos grupos criminales

 

Plazo de renuncia para funcionarios-as con aspiraciones políticas

22 January de 2009 | Política El 13 de marzo vence plazo para renuncia de funcionarios con aspiraciones políticas Los empleados públicos con aspiraciones políticas tienen hasta el próximo 13 de marzo para presentar la renuncia a sus cargos, informó la Registraduría Nacional. Los candidatos a las próximas elecciones de Senado y Cámara de Representantes deben prever los términos establecidos por la Constitución Política en cuanto a las causales de inelegibilidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que los próximos comicios para elegir Congreso de la República se celebrarán el domingo 14 de marzo de 2010. El artículo 179 de la Constitución Política de Colombia establece: que "No podrán ser congresistas: (...) 2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección. 3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección. En ese orden de ideas, el término previsto en el numeral 2 vence el próximo 13 de marzo, y el término establecido en el numeral 3 se cumple el 13 de septiembre de 2009.

EL TIEMPO: ENTREVISTA CON ABSALOM MACHADO - SE NECESITA IR MÁS ALLÁ DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

 

Se necesita ir más allá de la restitución de tierras: Absalón Machado Según Machado, el país invisibilizó el despojo de tierras por varias décadas. En 'Así ven el país' Absalón Machado convoca a colombianos a no ver al campo como pobre y atrasado. El Director del Informe sobre Desarrollo Rural y Tierras invitó a valorar el papel del sector rural para empujar el desarrollo y la equidad. Desde su responsabilidad como director del Informe de Desarrollo Humano sobre Desarrollo Rural y Tierras del 2011, Absalón Machado le pregunta al Estado si las propuestas que hoy promueve permiten, de verdad, modificar esa estructura medieval en la que la tierra no es productiva, sino que da poder político. Desde el 2009, con el auspicio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, usted armó un grupo para entender qué es lo que pasa en el tema de tierras y el desarrollo rural, ¿qué encontraron? Encontramos que Colombia es más rural de lo que se piensa, eso está sustentado en un índice de ruralidad construido por el informe, que da cuenta de que el 32 por ciento de la población colombiana vive en municipios básicamente rurales. Y estos tienen los peores índices de calidad de vida en pobreza, condiciones de habitabilidad, acceso a servicios públicos, escasas oportunidades de ingreso y de empleo y pobladores rurales que han perdido su libertad de movimiento por el conflicto. Son sociedades desarticuladas por este proceso y, por todo esto, con un aporte muy limitado al desarrollo. El informe constató que este sector tiene gran potencial de desarrollo por sus recursos naturales, pero un desempeño muy bajo, resultado de un conjunto muy complejo de factores: por el limitado acceso a la tecnología, porque los campesinos tienen bajos niveles de educación, porque el Estado no tiene políticas que incentiven la inversión, por factores climáticos que afectan las cosechas, por los cambios en los ciclos de precios de los productos internacionales. Se oye decir que el bajo desempeño se debe a que el sector no tiene políticas agrarias: sí las hay, pero son inapropiadas, mal diseñadas y se han hecho de manera autoritaria. ¿Cuáles son los factores que más pesan a la hora de decir que el sector ha ido más de para atrás que hacia adelante? En primer lugar, el conflicto, porque restringe las inversiones de la gente, que no se siente segura para desarrollar una actividad productiva. Otro es la deficiencia en la infraestructura física y social: caminos, vías, carreteras, distritos de riego, escuelas, hospitales. Eso afecta la probabilidad de interactuar en el mercado de una manera eficiente y con bajos costos. El tercer elemento es el descuido en cuanto a inversión en tecnología en el sector rural. Colombia hace una inversión del 0,5 del PIB en tecnología en el conjunto de la economía y eso es todavía menor en el sector rural. Solo los gremios muy organizados y fondos parafiscales han logrado montar centros de investigación propios. Otro elemento son los costos de producción muy altos, pues Colombia importa insumos agroquímicos, al igual que la maquinaria agrícola. Y hay otro factor al que le damos mucho peso y es el mal uso del suelo. Se están usando tierras en ganadería, que no son propias para la ganadería, y en agricultura, las que no son propias para agricultura. La estructura de tenencia de la tierra ha llevado a que buena parte de la tierra de calidad esté concentrada en muy pocos productores y no necesariamente todos la están utilizando para la producción, sino que la han acumulado como bien especulativo generador de rentas. En ganadería, hay 38 millones de hectáreas en pastos, en los que solo 21 de estos son los que tiene aptitud agroecológica para ello. Si se pudieran liberar 15 millones de hectáreas hacia la agricultura, el crecimiento del sector sería más dinámico. Aquí la ganadería ha congelado tierras para la producción agropecuaria: lo que ha habido es una revolución de los ganaderos, a través del alambre de púas, contra los campesinos y la producción rural, y eso genera un uso muy ineficiente. ¿Quiénes son, hoy por hoy, los dueños de estas tierras ganaderas? Hay distintos tipos de ganaderos y de empresarios. Una cosa es la ganadería de leche, que está ubicada en cuencas especializadas lecheras, modernas, competitivas. Otra, la extensiva, que es la más numerosa, la de ganaderos tradicionales, que no tienen una mentalidad empresarial: no son inversionistas, no llevan cuentas, ni contabilidad, no utilizan tecnologías modernas, etc. Tienen una mentalidad de que mientras más tierra tiene, más poder tiene, y más importante es en su región. Y están los pequeños productores de una o dos vacas o incluso de 20, 30 animales. Ellos tienen muy poca tierra y hacen buen uso de esta. Además, están los narcotraficantes, compradores de tierra, que usan la ganadería para 'socializarse' y lavar capitales ilícitos. Es un conjunto muy diverso, cada uno con sus propias lógicas. ¿Qué dice el Informe sobre esta estructura de la tenencia? Colombia tiene un problema histórico de la tenencia de la tierra que muestra que siempre ha estado concentrada. Pero esta concentración ha aumentado por el conflicto, el narcotráfico y las políticas públicas, que han estimulado tener tierras sin pagar impuestos. Colombia registra un índice Gini (que mide la desigualdad) de propietarios de 0,87, que en América Latina es similar al del Brasil, y se sitúa entre los más altos de la región, si no el más. Ese problema está presente en todos los departamentos. Hay 175 municipios con índices superiores a 0,8 y eso es muy alto. La mayor concentración está en Oriente (Antioquia, Valle y Risaralda), y la segunda región es la Orinoquia (Meta, Casanare y Arauca). Si este problema es histórico, ¿por qué no ha sido resuelto? Tenemos un mercado de tierras atravesado por elementos del conflicto y del crimen. Los precios, en muchas regiones, los ponen los narcotraficantes, los paramilitares, los actores armados. No hay un mercado libre de tierras. Segundo, las políticas del Estado han incentivado la acumulación de tierras sin contraprestación. A nadie que tenga más de 1.000 hectáreas se le exige un compromiso económico o social. En tercer lugar, la tierra es un factor estratégico en el desarrollo porque permite controlar el suelo y, ahora, la biodiversidad. El elemento más importante por el cual Colombia nunca ha afectado esta estructura de tenencia es porque es una estructura de poder político. El Estado no ha tenido la capacidad de hacer esta reforma porque buena parte de los congresistas son propietarios y ejercen ese poder en los niveles regional, local y nacional. ¿El Informe considera la reforma agraria como eje del desarrollo rural? Es válida la premisa de que en Colombia, por equidad, hay que repartir tierra si se quiere resolver la pobreza en el sector rural, pero se ha demostrado que sería un fracaso sin crédito, sin capital humano, sin capacidad de organización, sin servicios, sin articulación con los mercados y sin desarrollo tecnológico. ¿Qué propone el informe? Propone una reforma transformadora, que incluye la readecuación de la estructura agraria para el desarrollo. Hay muchas maneras de obligar a los propietarios de muchas tierras, y que no usan, para que las pongan en el mercado o se las vendan al Estado o entren en un proceso de reparto. Lo que proponemos incluye pasar de dar incentivos sin compromisos productivos y sociales a utilizar los recursos públicos en la generación de bienes públicos, para que todos pueden acceder a ellos. La política pública hasta ahora ha sido de privilegios a unos pocos. También propone cambiar la institucionalidad pública para manejar la problemática, no solo productiva, sino rural en general. La pregunta es cuál es la institucionalidad que se requiere con minería, con cambio climático, y con los retos del conflicto y la integración de la sociedad rural con la urbana. Parecería como si el estado de cosas fuera inmodificable... El informe le pregunta eso al Estado y a la sociedad, si las propuestas y políticas actuales permiten modificar la tenencia de la tierra, para que el sector desate todo su potencial para el desarrollo. ¿Y la restitución de tierras fracasa en este contexto? Fracasaría si no se acompaña con un contexto del desarrollo rural. Lo que sí es muy claro es que la política de restitución de tierras no modifica la estructura agraria. Es muy importante la restitución y hay que hacerla, y es riesgosa, dados los factores de conflicto, pero en lo que hay que hacer énfasis es en que hay que ir más allá, porque la restitución es una política a corto plazo. Pero el despojo en el país ha sido mucho... Si asumimos el despojo como un proceso, vemos que hay una gran modalidad de despojo en todas partes, y muchos métodos: violencia, violación de normas, corrupción, compra de funcionarios, etc. El país mantuvo invisible el despojo de tierras durante los años 80 y 90, si no más. A partir del 2000 se hizo público por las organizaciones de víctimas y por la Corte Constitucional, no por el Estado. Por eso hay que evaluar cuáles son los factores que conducen al despojo, para desmontarlos. No basta con restituir tierras, porque si los mecanismos y actores que despojan siguen funcionando, estas volverán a ser despojadas en cinco años. Hay que actuar sobre los factores y reorganizar el sector rural para tener un futuro mejor para los pobladores rurales, que han llevado la peor parte en los últimos 50 años.