miércoles, 30 de marzo de 2011

Fwd: "LLEGÓ EL TIEMPO DE LAS VÍCTIMAS" - LEY DE VÍCTIMAS Y ENTES TERRITORIALES


      
  "Llegó el tiempo de las víctimas":  Angelino Garzón

UNA MIRADA AL PROYECTO DE LEY DE VÍCTIMAS DESDE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
Alcaldes y gobernadores presentaron al gobierno sus observaciones desde la experiencia local
 
(Bogotá, marzo 30)

"Quiero transmitirles la decisión política del Presidente de hacer hasta lo imposible para que la Ley se apruebe en este primer semestre. La Ley que estamos proponiendo no es perfecta, pero si nos ponemos a buscar la Ley ideal se nos van 20 años más y no vamos a aprobar ninguna Ley. Ésta es la más realista: puede tener vacíos, algunos sectores pueden no verse reflejados, pero su principal virtud es que vincula al Estado y a la sociedad. Porque la verdad es que en el pasado fuimos  más bondadosos con los victimarios y menos sensibles con las víctimas. Ése es el mensaje fundamental: llegó el tiempo de las víctimas",  afirmó el vicepresidente Angelino Garzón en el encuentro "Las Entidades Territoriales ante el Proyecto de Ley de Víctimas", que fue realizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Este diálogo gobierno nacional-entes territoriales reunió a mandatarios locales y sus equipos técnicos para presentarle al Ejecutivo y al Congreso sus dudas, propuestas  y observaciones al proyecto de Ley.

"Son las regiones, departamentos y municipios los que viven diariamente la violencia generada por el conflicto. Los gobiernos locales viven al lado de las víctimas y tienen la responsabilidad ética y política de responder a sus demandas. Y es en las regiones donde se han desarrollado experiencias muy importantes en la respuesta institucional a las demandas y derechos de las víctimas.  Como vemos, no se trata de sólo del pasado.  Con frecuencia seguimos viendo la tragedia de  asesinatos, amenazas, violaciones de los derechos humanos. En este contexto rechazamos y condenamos enérgicamente los recientes asesinatos de Bernardo Ríos, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; David Goez,  líder de Urabá; y Éder Verbel Rocha, líder de Movice en San Onofre", dijo Silvia Rucks, directora de País del PNUD.   
Tras un encuentro previo en el que representantes de entidades territoriales (Nariño, Medellín, Bogotá, Antioquia, Cartagena, Cesar, Meta) evaluaron la Ley a la luz de sus experiencias y acordaron propuestas concretas para el Ejecutivo y el Legislativo. Crear Comisiones regionales de la verdad e incluir la realidad de las ciudades en el proyecto de Ley, como es el caso del desplazamiento forzoso urbano, fueron algunas de las propuestas del alcalde de Medellín Alonso Salazar, en tanto que Francisco Javier Álvarez, alcalde de San Carlos, contó la importancia que para un retorno organizado y apoyado institucionalmente ha tenido el trabajo coordinado San Carlos – Medellín: "De 27.000 habitantes que teníamos se desplazaron 21.000. Hoy, gracias a este esfuerzo conjunto, ya han retornado 10.000", explicó a los asistentes de este encuentro que tuvo lugar en el Hotel Tequendama de Bogotá.  

Al explicar el interés de la Aecid y el PNUD en la realización de este encuentro, Miguel González, director de la cooperación española, explicó: "El proyecto de Ley representa un claro punto de convergencia entre la voluntad del gobierno y la comunidad internacional. Es muy satisfactorio poder acompañar este proceso que busca fortalecer el diálogo y la articulación entre el nivel nacional y el territorial entendiendo que este proceso comenzará verdaderamente cuando se apruebe la Ley. Ése será el punto de partida, no el punto de llegada. En un país tan diverso cono Colombia, la Ley debe ofrecer un marco claro que se adapte a esta diversidad".
Las dimensiones del proceso de reparación. Al establecer la dimensión de este reto para el país, el Vicepresidente explicó que se trata de 4 millones de víctimas, o sea un millón de familias para un periodo de reparación de 10 años. Esto es, indicó, atender unas 8500 familias por mes, 350 familias por día,  con una inversión que se calcula entre 45 y 50 billones de pesos.

En cuanto al rol de la cooperación internacional señaló: "El Estado colombiano no ha supeditado la aprobación de la Ley a si hay o no recursos de la comunidad internacional porque es un compromiso del Estado colombiano". Y en torno a las dificultades del proceso precisó: "Este proceso requiere mucho diálogo, mucha consulta y mucha participación de la sociedad civil.  Es un proceso duro, aquí hay mucho criminal suelto,  gente que no quiere que esto salga adelante. Es un proceso que se ha puesto a andar en medio de la existencia de organizaciones armadas ilegales que aún pueden hacer mucho  daño y tienen aliados muy poderosos, como la corrupción, la impunidad y la extrema miseria".  

Con relación a la posición gubernamental respecto a la Ley, el Vicepresidente afirmó: "Las víctimas están ubicadas en municipios concretos, por eso las alcaldías y las gobernaciones tendrán un rol central en la aplicación de la Ley y en todo el proceso de reparación. El gobierno es el primer responsable y por eso ha destinado recursos en el Plan de Desarrollo. Tenemos que trabajar todos para que los planes locales y regionales  también incluyan recursos".

Angelino  Garzón explicó los 4 pilares de la Ley, si bien dijo que aún no es clara la coordinación:
1. Reparación en materia administrativa y humanitaria: hay quienes creen que debe hacerla Acción Social, otros ponentes creen que debe crearse una nueva entidad.
2. Restitución de tierras con una institucionalidad clara para que sea eficaz
3. Reparación psíquica y psicosocial (vivienda agua potable...). Debe haber una clara figura de coordinación institucional que coordine los programas, ministerios y entidades territoriales para que sean m eficaces. Se debe incluir a la población desplazada y un enfoque diferencial.
4. Memoria histórica: creación de un centro de la memoria. "Para que nunca más se vuelva a repetir".

Temas sensibles para las entidades territoriales
Al señalar que en más de 750 municipios colombianos hay víctimas, el alto consejero presidencial Diego Molano hizo importantes precisiones:"Esta Ley no avanza de cero. El país ha venido haciendo un esfuerzo para legislar sobre las víctimas. Por eso sabemos que es fundamental que el nuevo arreglo institucional incluya claramente el rol  de las entidades territoriales".
Molano explicó los principales cambios que introduce el Proyecto de Ley: de múltiples sistemas de atención a víctimas se pasará a uno solo, integrador, tanto en cuanto a definiciones, como a registros y estrategias de atención, a fin de lograr la reparación en todas sus dimensiones.  Señaló que Acción Social ha identificado  temas muy sensibles para las entidades territoriales como, por ejemplo:
·         La información: necesidad de contar con una red nacional de información unificada
·         La participación: necesidad de clarificar los mecanismos de discusión con las entidades territoriales. De momento existen múltiples comités. De igual modo, debe establecerse una participación más activa  de los alcaldes en la definición de quiénes son las víctimas y cómo deben concluir los procesos de restitución de derechos.
·         La atención: evitar "la pelota de tenis".  Debe contarse con un único sistema de atención integral.
·         El financiamiento: los recursos y su asignación.
·         La diferenciación entre los entes territoriales: generar un sistema de acompañamiento y atención integral de los entes territoriales que reconozca sus diferencias en cuanto a capacidades y recursos.
·         La integración: necesidad de ir generando en lo local un sistema de integración entre las víctimas, sus comunidades y los pobres históricos, a fin de ir combinando los esfuerzos del Estado y la sociedad.
·         La definición e integración de los roles de las personerías y las defensorías.
·         El aprovechamiento de las capacidades y experiencias valiosas de entidades territoriales
Por último, Diego Molano explicó tres elementos que se han incluido en el Plan Nacional de desarrollo: los nuevos convenios-plan (bolsas comunes para desarrollar procesos); posibilidad de que los entes territoriales puedan hacer inversiones en otros territorios (por ejemplo, fomentar retornos y reubicaciones); el aprovechamiento de as regaláis para apoyar la atención a víctimas.
 Propuestas de las entidades territoriales al proyecto de Ley de víctimas
 La compilación de estas propuestas fue entregada el lunes 28 de marzo a los ponentes del proyecto de Ley de víctimas.
 Propuestas al Legislativo
·         Reiterar las facultades a los gobiernos territoriales para crear programas de atención a nivel municipal, según el artículo 158, párr. 2.
·         Incorporar el principio de corresponsabilidad, en el cual se especifique que la reparación será un gasto social prioritario, de manera que se cree una categoría especial en la ley 715. Por ejemplo, replicando el modelo de presupuestos destinados vía SGP, para que se incluya otro renglón sobre la temática dada la magnitud del problema y el control que en el tema tiene el gobierno nacional.
·         Aplicar los principios de subsidiariedad y complementariedad de acuerdo a las competencias y capacidades de los entes territoriales.
·         Fortalecer los Consejos de Política Social a través de facultades para que sean un mecanismo regulador y de planeación en la implementación de ley de víctimas, teniendo en cuenta las políticas diseñadas en los consejos que estipula la Ley.
·         Incluir un principio de delegación entre nación y entes territoriales, que tenga en cuenta los sistemas de regulación y que partan de consulta previa e informada a los entes territoriales que obliguen a la nación. .
·         Formular en el proyecto de ley la conformación de los recursos del nivel nacional y su descentralización a nivel territorial, a partir de los ejercicios participativos que se desarrollen a nivel local.
·         Facultar a las entidades territoriales para que articulen  los esfuerzos institucionales en una unidad administrativa determinada.
·         Incluir al secretario de gobierno y al director del programa de víctimas en el comité territorial mencionado en el artículo 165, y especificar que el gobernador y el alcalde podrá delegar en el director su participación en el comité.
·         La financiación de los programas de atención psicosocial establecidos del artículo 138, debe hacerse a través de asignación y transferencia a los entes territoriales y no a través del FOSYGA, para garantizar la atención diferencial, que se complementara con la oferta de servicios en salud mental de las entidades territoriales, mediante los recursos que contemple la ley.
Propuestas al Ejecutivo
·         Especificar criterios objetivos y metodológicamente unificados, para que el proceso de caracterización o censo tenga en cuenta cuál es el universo de víctimas, sus necesidades y expectativas.
·         Formular estrategias de estímulos fiscales para los entes territoriales que atienden población víctima.
·         Incorporar mecanismos de fortalecimiento de las capacidades técnicas y financieras de los entes territoriales para garantizar la atención integral a las víctimas.
·         Previo a la delegación que confiere la ley de víctimas a las entidades territoriales y a las instituciones del orden nacional con presencia territorial, es necesario evaluar sus capacidades y competencias, así como los contextos políticos.
·         Partir del reconocimiento de las buenas prácticas desarrollas por algunos entes territoriales en atención y reparación a víctimas validando dichos procesos como punto de partida para la implementación de la oferta institucional, debido a que es necesario evaluar la pertinencia de la creación de los centros únicos de atención a víctimas por parte del nivel nacional en algunos entes territoriales.
·         En el proceso de definición de las políticas, se deben incorporar mecanismos de consulta vinculante a los entes territoriales, teniendo en cuenta la responsabilidad que estos deberían asumir.
·         La formulación de los  planes nacionales y territoriales  de atención y reparación a victimas deben ser el resultado de los procesos de participación efectiva de los entes territoriales.
·         Definir las competencias de los departamentos y municipios, que garanticen el cumplimento del los preceptos que estipula la ley.
·         El COMPES  deberá tener un tratamiento diferenciado de acuerdo a la capacidad territorial y magnitud de la afectación de las víctimas.
·         Se debe tener previsto para la reglamentación de la ley, la necesidad de crear un comité consultivo con participación de entes territoriales y autoridades del nivel nacional, que pueda fungir como órgano asesor de los municipios en el diseño de los Planes de Reparación a nivel territorial.
·         Reconocer la importancia política de la temática de víctimas con la creación de una institucionalidad a nivel local con una interlocución política, capacidad de gestión administrativa y presupuestal.
·         Los planes de desarrollo deben incluir en el presupuesto un porcentaje destinado para las víctimas y  establecer un procedimiento especial en el tema de recursos para invertir en programas territoriales de atención a víctimas.
·         Es necesario la creación de un sistema de monitoreo para el sistema de información único que crea la ley de víctimas.
·         Garantizar el acceso por parte de los entes territoriales al registro único de victimas.
·         Dotar a las instituciones del orden nacional presentes en el territorio de capacidad de toma de decisión y de mayor capacidad de gestión para la implementación efectiva de la ley y de articulación en el territorio. 

lunes, 28 de marzo de 2011

Entrevista a JOSE RICARDO PUYANA, Coordinador Area de Goberanbilidad PNUD Colombia Por: Felipe Roa

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El pasado 19 de Marzo, José Ricardo Puyana, coordinador del área de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, estuvo en Pasto a propósito de la clausura del proyecto Democracia, Ciudadanía y Liderazgo Político. La implementación de este proceso en Nariño se realizó en Alianza con el Programa Suyusama y fue posible gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En esta entrevista, José Ricardo Puyana devela sus reflexiones y perspectivas a futuro en el marco de la culminación de un proyecto que tuvo como experiencias piloto a Pasto y Cartagena, y cuya metodología se planea replicar en otras regiones del país con el objetivo de fortalecer la democracia en Colombia.
Felipe Roa: Ustedes lideraron este proceso desde su diseño hasta su clausura. ¿Qué lectura hacen del proyecto Democracia Ciudadanía y Liderazgo Político (DCLP), y su implementación en Pasto y Cartagena?
José Ricardo Puyana: Nosotros hemos identificado, a nivel nacional, que uno de los grandes retos de la democracia en Colombia tiene que ver con los problemas de la representación. Este es un sistema que ha celebrado elecciones ininterrumpidamente desde la década de 1950 y hoy día las elecciones se realizan ya en la mayoría de los municipios. Es decir, dentro de lo formal hay elementos que vienen funcionando. Sin embargo, esos arreglos institucionales no han conseguido que el sistema sea verdaderamente representativo. Grupos poblaciones como mujeres, jóvenes, afros e indígenas, aún no han logrado representar o ser representados en las instancias de poder como alcaldías, gobernaciones y cuerpos colegiados, entre otros. Este es un diagnóstico inicial que hicimos y que, de hecho, se sigue actualizando. A partir de ahí surgió la idea de aportar un grano de arena a la formación de nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos entendidos no solo como nuevos rostros o nuevas caras, sino como nuevas formas de hacer política. Se trata de apoyar esquemas que no necesariamente perpetúen los comportamientos más tradicionales de hacer política, sino que nos permitan avanzar hacia una forma más programática, más cercanas al ciudadano y, por ende, más proclives a la representación.
La ejecución del proyecto DCLP en Nariño nos deja muy satisfechos. Naturalmente hoy no podemos hacer una evaluación de los resultados. Los resultados se verán el 30 de octubre a las 8 de la noche cuando se revelen los resultados, e incluso va más allá. La representación no se reduce solo a las elecciones, es lo que los funcionarios electos hagan en cumplimiento de sus funciones. Pero se puede hacer una valoración muy positiva del proceso, que de manera creciente generó interés en la población. Creemos que fue un modelo exitoso en la medida en que se logró tener 45 personas en el proceso presencial y 40 adicionales en el proceso virtual.
FR: ¿Este proyecto es el primero en su tipo?  ¿Hay alguna experiencia previa?
JRP: Hay experiencias previas, como un proyecto del PNUD denominado "INCIDE" que culminó hace cuatro años. Sin embargo, el proyecto DCLP es novedoso en Colombia porque se pensó, desde un comienzo, con la idea de replicarlo. El proyecto "INCIDE" tuvo, como su nombre lo revela, un objetivo de aportar a las capacidades de la ciudadanía para la incidencia política. Fue un proceso exitoso en la medida en que entregó los resultados que se había propuesto, particularmente en Cartagena. Sin embargo, no logró sistematizar metodologías, no logró recoger y empaquetar experiencias para luego implementar en otros lugares.
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FR: ¿Es decir que el proyecto DCLP es una versión mejorada de INCIDE?
JRP: Tuvo como base esa experiencia. De hecho el proyecto DCLP, en su formulación, tuvo una fase de recolección y sistematización de experiencias exitosas no solo del PNUD Colombia sino de otras partes del mundo. Este aprendizaje de otras experiencias nos permitió partir de los construido y no creer que podíamos reinventar la rueda. En ese sentido, y con el fin de poder llevar esta experiencia a otras latitudes, en la ejecución del proyecto DCLP quisimos siempre sistematizar todo lo que hicimos. De hecho, ya se iniciaron diálogos con la Gobernación para replicar este proceso en la zona sur y pacífico del Departamento de Nariño y también se exploran posibilidades en Santander, Huila, Oriente Antioqueño, Montes de María, entre otros territorios. Esto le otorga a este nuevo proyecto un carácter novedoso y de mucho más impacto.
FR: ¿Cuál es la lectura que hacen instituciones públicas y otras organizaciones de que el PNUD esté formando líderes políticos?
JRP: Hay gran cantidad de actores. Un primer círculo serían organizaciones sociales en el nivel territorial que son nuestros aliados. Lo que nosotros hemos leído es que el objetivo de formar mejores funcionarios y servidores públicos está presente en todos los sectores del país. Cuando hemos indagado sobre este tema, hemos visto que existe la necesidad. Hay actores sociales que ven la necesidad y que demandan apoyo del PNUD en este sentido, no solo porque el PNUD pueda tener recursos o no, sino por las metodologías y la experiencia ganada que tiene. De manera que hay unos actores que ven esto de manera positiva. Nosotros también hemos visto mucha receptividad en los gobiernos territoriales. Los gobiernos territoriales que están terminando su gestión ven el riesgo de perder lo que han hecho con la llegada de nuevos mandatarios. Entienden, por lo tanto, la necesidad de que el proceso electoral que los suceda, sea un proceso programático, donde se discutan sus políticas y sus programas. Por eso hemos tenido muchísima receptividad en lo que estamos haciendo. Naturalmente lo hacemos desde la imparcialidad de la cooperación internacional, sin ningún vínculo partidista y sin ningún perfil político en particular. Lo hacemos desde la imparcialidad y, esto es importante mencionarlo, desde una perspectiva multipartidaria. Todos los partidos políticos están invitados, sin importar su origen o su plataforma.

FR: ¿Cuál cree usted que será el impacto más significativo que tendrá este proyecto en los territorios en los que se implementó?
JRP: Este proyecto, si logra lo que hemos soñado desde el primer momento, tiene que demostrarle a los grupos poblacionales sub-representados, que es posible llegar a instancias de poder. Una de las cuestiones que más nos preocupa frente a este reto de la representación en la democracia, es lo que denominamos la participación circular. Hay cierta participación de la ciudadanía que se queda solo en eso, en participar. Es decir, hago una propuesta o un aporte y me quedo allí y siempre me quedaré en la esfera de los gobernados, y creo que no tengo manera de llegar a instancias de ser un gobernante. Si me pide que resuma, ese sería para  mí uno de los impactos más importantes. Es demostrar que, aunque difíciles, aunque muy complejas, aunque, quizás, aparentemente inalcanzables, hay puertas de entrada a las instancias de poder, hay formas de hacerlo, y ese sería un grano de arena para una transformación que requiere el sistema democrático, y es que sea verdaderamente representativo.
FR: La apuesta busca formar nuevos liderazgos, de manera que los grupos subrepresentados puedan representar sus comunidades, sus poblaciones y sus territorios. En ese sentido, ¿Qué características debería tener un nuevo liderazgo en Colombia?
JRP: Principalmente, y ha sido una apuesta nuestra, un líder que ofrezca a la sociedad propuestas programáticas pertinentes. Que sean verdaderamente surgidas desde los problemas de esas comunidades. Hemos visto la degradación del debate político en Colombia. Un debate que no se basa en propuestas, necesariamente, y que está atravesado por cualquier suerte de prácticas clientelares donde media el intercambio de bienes y servicios por el apoyo político. Yo no digo que con este proceso vamos a acabar con las redes clientelares que son centenarias en este país. Sin embargo, sí esperamos que las personas que hayamos formado y que hayamos acompañado en este proceso, puedan defender otras formas de hacer política, donde la negociación con el ciudadano no se haga a partir de un recurso o de una promesa de bienes o servicios, sino se haga a partir de un debate programático de fondo y pertinente para la región. Adicionalmente, y ese es un valor que nosotros  promovemos desde Naciones Unidas, es la transparencia. Esperamos que el liderazgo que hemos formado sepa y entienda la importancia de la transparencia en la gestión pública, el respeto por los recursos públicos, y de la necesidad de no solo ir a una elección y no volver en cuatro años, sino que la gestión pública está basada en un dialogo y una interacción permanente con el ciudadano donde el funcionario rinde cuentas sobre lo que está haciendo y le abre la puerta al ciudadano para mostrar lo que hace. Esos dos valores, resumiendo, son características importantes e indispensables dentro de lo que estamos haciendo.

miércoles, 23 de marzo de 2011

Exitoso Cierre de la Escuela de Formación Política

Con el sexto y último módulo: MARKETING POLÍTICO Y CAMPAÑAS ELECTORALES, El plan de campaña electoral para elecciones locales y Regionales: Fundamentos y Estrategias, dictado por el Profesor Alberto Cienfuegos de la Pontificia Universidad Javeriana, se dio lugar al cierre del diplomado de formación política en su modalidad presencial. Se contó con la participación de 57 estudiantes de los procesos formativos presencial y virtual quienes tuvieron la oportunidad de aprovechar los conocimientos y experiencia del Profesor Cienfuegos. Acompañó además el desarrollo de este módulo el Coordinador del Área de Gobernabilidad del PNUD, José Ricardo Puyana, el Coordinador Nacional del Proyecto Democracia, Ciudadanía y Liderazgo Político, José miguel Sánchez, así como el equipo técnico de Suyusama y la Tutora Local del Proyecto.


martes, 22 de marzo de 2011

MOE COMUNICADO DE PRENSA


 

La inscripción de cédulas sólo se adelanta en Colombia, no en los consulados

 

Los extranjeros que inscriban o ya tengan inscrita su cédula de extranjería de residentes en Colombia podrán votar en las elecciones de octubre

 

Ø  Los extranjeros residentes en Colombia que nunca han inscrito su cédula de extranjería en el censo electoral pueden hacerlo en la Registraduría más cercana a su lugar de residencia hasta el 13 de mayo, o del 16 al 22 de mayo en el puesto de votación más cercano a su casa del país.

 

Ø  Si por el contrario el extranjero interesado ya tiene inscrita su cédula de extranjería, sólo debe inscribir su documento si desea cambiar su actual lugar de votación.

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Bogotá D.C., jueves 10 de marzo 2011. Los extranjeros residentes en Colombia podrán participar en las elecciones de autoridades locales que se realizarán el 30 de octubre, siempre y cuando tengan inscrita su cédula de extranjería de residente.

 

De acuerdo con los artículos 2 y 4 de la Ley 1070 del 2006, "Las elecciones en las que podrán participar los extranjeros residentes en Colombia serán las de alcaldes Distritales y municipales, Concejos Distritales y municipales, y Juntas Administradoras Locales Distritales y municipales en todo el territorio Nacional".

 

"Los extranjeros residentes en Colombia deberán inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro de los términos fijados por la ley para la inscripción de cédulas de nacionales colombianos, presentando la cédula de extranjería de residente".

 

Esto significa que los extranjeros debidamente inscritos en el censo electoral pueden votar en octubre las elecciones de alcalde, concejo y junta administradora local, pero no podrán participar en la elección de gobernadores ni de asambleas departamentales.

 

La Registraduría Nacional del Estado Civil, inició el periodo de inscripción de cédulas desde el pasado 23 de febrero. Los extranjeros residentes en Colombia podrán inscribir su cédula de extranjería de residentes en todas las Registradurías Especiales, Auxiliares y Municipales del país hasta el 13 de mayo en horario de 8:00 am a 5:00 pm, y del 16 al 22 de mayo la inscripción de cédulas se realizará en todos los puestos de votación del territorio nacional en el horario de 10:00 am a 6:00 pm.

 

Los extranjeros residentes en Colombia que quieran participar en las elecciones para elegir las autoridades locales el 30 de octubre, deberán inscribir su cédula de extranjería de residentes en el periodo de inscripción establecido por la Registraduría si nunca lo han hecho.

 

Si por el contrario, el ciudadano extranjero ya había inscrito su cédula de extranjería en ocasiones anteriores, sólo deberá inscribirse si desea cambiar su actual puesto de votación. 

 

El periodo de inscripción de cédulas que inició en febrero y se extenderá hasta el 22 de mayo, sólo se abrirá en el territorio nacional y no en los consulados de Colombia en el exterior, ya que para las elecciones de autoridades locales sólo votan los colombianos y los extranjeros residentes en Colombia que se ven afectados directamente con la elección de algún candidato.

 

Para la inscripción se requiere la presentación personal de quien se inscribe, con la exhibición de la cédula de extranjería de residente vigente expedida por la autoridad competente.

 

La inscripción para extranjeros se realiza en un formulario oficial de color violeta, diferente al formulario de inscripción para ciudadanos colombianos, diseñado por la Registraduría Nacional, que tiene para este año mayores características de seguridad. El nuevo formulario esta personalizado por puesto, trae un código de barras, al igual que el nombre del puesto, municipio y departamento y trae un campo para la impresión dactilar del ciudadano que le brinda más seguridad a este proceso electoral. 

 

El Servicio es Nuestra Identidad

 

Gracias por su difusión

Oficina de Comunicaciones y Prensa

Registraduría Nacional del Estado Civil

 

Información adicional:  www.registraduria.gov.co

Tel: 2200885 – 2202880 ext 1278 - 1277

Correo electrónico: prensa@registraduria.gov.co

 

http://www.registraduria.gov.co/Informacion/com_2011_044.htm